En una muestra de respaldo continuo, la Unión Africana (UA) ratificó durante su 38° Periodo Ordinario de Sesiones una resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, política que persiste desde hace más de 60 años y que afecta severamente a la población de la isla. Este pronunciamiento marca la decimosexta ocasión consecutiva en que el organismo continental alza su voz contra esta medida unilateral.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político, agradeció en la red social X el «apoyo y solidaridad fraternal» de la UA, subrayando la relevancia de este respaldo en un escenario internacional complejo.
Por segunda vez, el texto insta a EE.UU. a eliminar a Cuba de su polémica lista de países «patrocinadores del terrorismo», catalogada como arbitraria y carente de fundamento legal internacional. La Unión Africana expresó preocupación por la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que amplía el alcance del bloqueo al permitir demandas contra empresas extranjeras que negocien con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba.
El documento reconoce que el bloqueo intensifica las dificultades económicas y sociales de Cuba, especialmente tras el paso de fenómenos naturales devastadores y en un contexto global inflacionario. La resolución destaca los lazos históricos entre África y Cuba, forjados durante luchas anticoloniales y reforzados por misiones médicas y educativas cubanas en el continente. Este voto unánime refleja, según el texto, un compromiso con la «justicia y la soberanía de los pueblos».
La condena adquiere mayor relevancia ante el recrudecimiento de las sanciones durante el gobierno de Donald Trump, quien revirtió avances diplomáticos logrados bajo la administración Obama. Actualmente, persiste la política de «máxima presión» estadounidense, que incluye restricciones financieras y limitaciones al envío de remesas.
De esta manera la organización se suma así al reclamo global contra el bloqueo, respaldado por la mayoría de los países en la ONU. La resolución subraya que esta política viola el Derecho Internacional y los derechos humanos básicos, al obstaculizar el acceso a medicamentos, alimentos y tecnología.
El pronunciamiento no solo simboliza un gesto diplomático, sino que refuerza la presión sobre Washington para revisar su postura. Sin embargo, su impacto práctico depende de la voluntad política de la Casa Blanca, que hasta ahora mantiene intacto el andamiaje sancionatorio.
Esta postura africana evidencia que, pese a las asimetrías de poder, los países del Sur Global continúan alzando su voz contra medidas coercitivas unilaterales, defendiendo un orden internacional más equitativo.
