Una cláusula constitucional poco usada en la historia de Estados Unidos podría impedir que el exmandatario estadounidense Donald Trump se presente a las elecciones de 2024, si se demostrara su vínculo con el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021.
La enmienda 14, creada tras la Guerra Civil, para evitar que los exconfederados volvieran al poder, prohíbe a los candidatos que hayan participado o alentado una “insurrección” contra el Gobierno, aspirar a un puesto como senador o representante en el Congreso, ser electos presidente y vicepresidente u ocupar cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier estado.
Juristas aseguran que la norma es aplicable al exmandatario ya que la descalificación de la carrera política es “autoejecutable”, es decir, se aplica automáticamente a cualquier persona que haya incumplido los criterios estipulados en la enmienda y no es necesario que exista una condena penal vinculada a la insurrección.
Según el documento, solo el Congreso, mediante el voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá subsanar esa incapacidad.
En este contexto, Michael McConnell, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, advirtió que no debe haber una interpretación “demasiado laxa” del documento, insistiendo en que los términos “insurrección” o “rebelión” deberían aplicarse “solo a los levantamientos más graves contra el Gobierno”, como la Guerra Civil.
En los últimos días ya se han presentando varias demandas contra Trump para tratar de impedir su postulación en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Uno de los demandantes, identificado como Lawrence Caplan, señaló ante un tribunal federal de Florida la probable participación de Trump en los disturbios en el Capitolio.
“Suponiendo que el registro público hasta la fecha sea exacto, y no tengamos pruebas de lo contrario, Trump ya no es elegible para postularse para el cargo de presidente de Estados Unidos, ni de ningún otro estado de la Unión”, expuso Caplan en demanda.
A su vez, un candidato presidencial republicano John Anthony Castro también presentó una demanda en New Hampshire argumentando que Trump violó la 14.ª Enmienda e incluso solicitó una orden judicial que obligaría a mantener al magnate fuera de la boleta electoral.
Al mismo tiempo, otra demanda fue presentada este miércoles en Colorado para excluir a Trump de las elecciones primarias. La secretaria de estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold, comunicó que esperaba que “este caso proporcione orientación a los funcionarios electorales sobre la elegibilidad de Trump como candidato a un cargo”.
Se considera que un secretario de estado podría excluirlo preventivamente de la boleta, a pesar de que Trump, a su vez, seguramente intentaría apelar la decisión. Por su parte, el grupo de defensa legal Free Speech for People ya se dedicó a lo largo de este verano a solicitar a los secretarios de estado y a los principales funcionarios electorales en nueve estados del país a que excluyeran a Trump de la boleta citando la 14.ª Enmienda.
“La participación de Trump en el violento ataque al Congreso para impedir la certificación de los resultados de las elecciones democráticas lo descalifica para ocupar cualquier cargo público en el futuro”, sostuvo la organización.
Exasesor de Trump es condenado por obstruir investigación sobre el ataque al Capitolio
Los cargos contra Navarro son dos delitos menores que pueden acarrear hasta un año de prisión cada uno. Foto: Reuters.
El Congreso de EE.UU. declaró, este jueves, culpable de desacato a Peter Navarro, exasesor comercial de Donald Trump, por obstruir una investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Navarro fue uno de los que difundió las mentiras de Trump sobre un supuesto fraude electoral en 2020 y se convirtió, con esta condena, en el segundo colaborador del exmandatario juzgado por desacato al Congreso, después de Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca, que recibió una pena de cuatro meses de cárcel, aunque sigue en libertad mientras apela.
Según medios de prensa en ese país, los cargos contra Navarro son dos delitos menores que pueden acarrear hasta un año de prisión cada uno. Los fiscales afirmaron que se creyó ‘por encima de la ley’ cuando ignoró una citación para entregar documentos y testificar ante una comisión de la Cámara Baja.
Su defensa alegó que Navarro remitió la citación a Trump para que decidiera qué material podía estar protegido por el privilegio ejecutivo, pero el juez federal Amit Mehta rechazó ese argumento y dijo que Navarro no presentó pruebas de que Trump lo invocara.
Los fiscales indicaron que la mayoría del material que la comisión solicitaba ya era público y que Navarro debió haberlo entregado y señalado cualquier duda o documento que considerara amparado por el privilegio ejecutivo. Trump está acusado en Washington D.C. y en Georgia por sus intentos de revertir su derrota electoral.
(Con información de RT y agencias)