La Paz, 8 may.— El movimiento intercultural de Santa Cruz exigió que hoy se realice la audiencia de medidas cautelares en la que comparece imputado el gobernador de ese departamento boliviano, Luis Fernando Camacho, por el caso denominado Paquetazo.
“Demandamos que se realice la vista programada para este lunes, no se suspenda más y se sancione a Camacho con una medida cautelar por violar lo establecido en el Estatuto Autonómico”, aseguró el secretario organizador del movimiento social Interculturales, Guido Cuadra.
El dirigente popular criticó las reiteradas suspensiones de esta vista en que se investiga a Camacho por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, así como por irregularidades informáticas.
La investigación fue activada por la Fiscalía en marzo de 2023 por una denuncia que data desde marzo de 2022, en la que los asambleístas del Movimiento al Socialismo acusaron a Camacho por presuntas irregularidades cuando viajó al Brasil.
Esa denuncia advierte que el gobernador cruceño delegó sus funciones, mediante el decreto 373, en el secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no en el vicegobernador, Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.
Tal normativa, criticada por irregular, fue publicada y luego en medio de un escándalo eliminada de la Gaceta Departamental Oficial.
Según el Estatuto Autonómico departamental en su artículo 25, “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador”.
De acuerdo con ese articulado, el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, debería asumir en la condición de suplencia las funciones de la máxima autoridad ejecutiva cruceña, pero Camacho y sus seguidores en la Gobernación y en el partido Creemos se oponen.
Está previsto que Camacho asista a la audiencia por la vía virtual, porque está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro, departamento de La Paz, mientras duran las pesquisas por el caso denominado Golpe de Estado I.
Este último proceso investiga el complot que desembocó en el golpe de Estado de noviembre de 2019, impuso un gobierno de facto con Jeanine Áñez a la cabeza y dio lugar a masacres con saldo de 38 muertes, miles de heridos, detenidos y torturados ilegalmente.
“Basta de suspensiones, tiene que realizarse esta audiencia”, afirmó Cuadra al referirse en entrevista al canal estatal Bolivia Tv a las “chicanas” (trampas) reiteradas de los abogados de Camacho con “enfermedades” o “imprevistos” para que la vista no se lleve a cabo.
