La Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador se reunirá hoy para analizar la violencia que asola al país, principalmente a las provincias Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las cuales rige el estado de excepción.
Los asambleístas discutirán en sesión plenaria una resolución en aras de frenar la escalada de homicidios, atentados e inseguridad que sufre la nación.
Previamente, el presidente del órgano legislativo, Virgilio Saquicela, tendrá una reunión con los líderes de las bancadas para intentar llegar al pleno con una propuesta definida y someterla a votación.
Entretanto, vuelve a rondar en el ámbito político el fantasma de la llamada muerte cruzada, mecanismo constitucional que permite al legislativo convocar a una sesión extraordinaria en caso de conmoción interna para destituir al presidente y convocar a elecciones.
Entre quienes mencionaron el tema están asambleístas de la Unión por la Esperanza y Pachakutik, quienes cuestionaron la actuación del mandatario ante el problema, pues consideran que los estados de excepción y una respuesta militar no son la solución.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que esta semana llegará a Ecuador una comisión de Israel para concretar la adquisición del equipamiento que requiere la fuerza pública.
Lasso anunció que continuará durante dos semanas en la ciudad de Guayaquil al frente del Puesto de Mando Unificado establecido como parte de la declaratoria del estado de excepción.
El Ejecutivo informó que hasta el momento hay 802 detenidos tras los operativos de las fuerzas del orden por estar vinculados a los atentados de las últimas jornadas.
Para el gobierno, esos hechos delincuenciales perpetrados por bandas criminales asociadas al tráfico de drogas responden al traslado de miles de prisioneros desde la Penitenciaría del Litoral, la mayor del país ubicada en Guayaquil, hacia otros centros de reclusión.
La tasa de homicidios en Ecuador asciende ya este año a 21 por cada 100 mil habitantes debido a la guerra de cárteles nacionales e internacionales por el control del narcotráfico y la ineficiente respuesta estatal a esa cuestión, estiman expertos en la materia.
El gobierno de Lasso recibió críticas por el escaso respaldo económico a la Policía Nacional, cuyos fondos serán reducidos también en 2023, de acuerdo con el proyecto de presupuesto del próximo año presentado a la Asamblea.
Además, para los especialistas, el alza de la delincuencia tiene su origen en la baja inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, apuntan que la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.
