Caracas, 19 dic.— La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela avanza hoy hacia el fin de su gestión como garante de paz y estabilidad, ante maniobras golpistas y la crisis institucional generada por la derecha.
En sesión especial celebrada al cierre de la semana en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, enalteció la labor del foro plenipotenciario, cuya elección en julio de 2017 dio al traste con la ola de violencia promovida por sectores radicales de la oposición.
La ANC lideró además la reinstitucionalización del país mediante la designación de nuevos representantes de los entes públicos del Estado, además de dar cumplimiento al cronograma electoral frente al esquema de agresión auspiciado por Estados Unidos, señaló el dignatario.
Este viernes los diputados constituyentes aprobaron por unanimidad una Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de este órgano como parte de la conclusión de sus funciones el 31 de diciembre próximo.
El ente plenipotenciario vino a llenar el vacío institucional dejado por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) electa en 2015, dominada por sectores extremistas de la derecha y declarada en desacato por decreto del Tribunal Supremo de Justicia ante la postura de confrontación y desconocimiento de los demás poderes estatales.
Durante su intervención ante la ANC, el jefe de Estado rechazó la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para atender la demanda interpuesta por Guyana en relación con la controversia territorial del Esequibo.
Maduro aseveró que Venezuela asumirá legalmente la defensa de los derechos históricos de soberanía sobre el territorio en disputa.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno venezolano desestimó las pretensiones de reconocer la validez del Laudo Arbitral de 1899, mediante el cual se despojó a la nación sudamericana de 159 mil kilómetros cuadrados de territorios al oeste del río Esequibo.
En tal sentido, el Ejecutivo bolivariano ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra (1966) como única norma taxativa bilateral aplicable para dirimir el diferendo mediante negociaciones amistosas.
Al desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, Venezuela reiteró que ejercerá su justo reclamo sobre la integridad territorial, y propuso el inicio de conversaciones directas con las autoridades guyanesas, en apego al Derecho internacional.
