La Habana, 22 may.— El proceso de conciliación de la nueva Ley de Medio Ambiente experimenta avances por ser una de las clave del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.
La actualización de las regulaciones dirigidas a la gestión en zona costera y un Decreto sobre el impacto de las modificaciones climáticas, constituyen también prioridades de esa estrategia, conocida también por Tarea Vida, comentó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias el Máster en ciencia Orlando Rey Santos.
En una evaluación sobre los principales resultados de este ciclo de implementación del plan, aprobado hace 3 años, informó que los 112 asentamientos humanos costeros cuentan con regulaciones urbanas, en las que se procura frenar el proceso de construcciones en zonas de alta exposición por el ascenso del nivel medio del mar.
De este universo, los 35 presentes en las zonas priorizadas por la Tarea Vida tienen sus reglamentos y se han identificado en cada caso el tipo de medidas de adaptación más indicadas, aclaró el asesor en la especialidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
También tienen reconocidas, agregó, sus fajas afectables por ascenso del nivel medio del mar de 2050 hasta 2100, y por los efectos de eventos hidrometeorológicos severos, para lo cual se dispone de normas específicas.
Añadió que las direcciones provinciales y municipales del Instituto de Planificación Física, vinculadas a las áreas priorizadas, cuentan con estudios y disposiciones urbanísticas especiales para los asentamientos costeros, entre ellas prohibiciones de crecimiento, limitación en ampliaciones y de localización de nuevas inversiones.
Además, existen criterios y planes parciales para el desarrollo de nuevos asentamientos humanos o urbanizaciones para el crecimiento en ciudades y pueblos, que incluyen previsiones sobre los impactos del cambio climático y otros fenómenos hidrometeorológicos severos.
La Ley 81 de Medio Ambiente data de julio de 1997 y la Constitución de la República de Cuba, en su Capítulo III acerca de los derechos sociales, económicos y culturales, específicamente en su artículo 86, expresa que “Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado”.
Particulariza en ese sentido que el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. (Lino Luben Pérez)
