La Paz, 1 dic.ā Las amenazas del gobierno de facto en Bolivia y de sus grupos de choque impidiĆ³ hoy que una delegaciĆ³n de Argentina ahondara mĆ”s en la actual violaciĆ³n de derechos humanos, sociales y polĆticos en este paĆs.
En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales seƱalĆ³ a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine ĆƱez, como autor de amenazas explĆcitas contra su bĆŗsqueda de informaciĆ³n.
AĆŗn asĆ, el equipo presentĆ³ las conclusiones preliminares de una investigaciĆ³n que incluyĆ³ entrevistas con vĆctimas de la represiĆ³n policial y del EjĆ©rcito, vecinos de la ciudad de El Alto, lĆderes sociales, campesinos y originarios.
Para estos observadores quedĆ³ claro que el Estado Plurinacional de Bolivia sufriĆ³ un golpe de estado pergeƱado por grupos denominados cĆvicos, sectores empresariales, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El objetivo fue derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto, con el apoyo de gobiernos extranjeros, como evidencian los testimonios de los mĆŗltiples contactos de funcionarios forĆ”neos con lĆderes golpistas.
‘Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situaciĆ³n de terror en la sociedad y para desestabilizar al gobierno con mandato constitucional hasta el 22 de enero’, seƱala el informe.
El proceso se profundizĆ³ con las elecciones del pasado 20 de octubre, a partir de un comunicado preliminar de la OrganizaciĆ³n de Estados Americanos (OEA), que radicalizĆ³ las posiciones golpistas y estimulĆ³ la confrontaciĆ³n social.
Dicho comunicado no estaba previsto en un acuerdo suscrito entre la OEA y el Estado Plurinacional, lo cual sugiere una clara intencionalidad polĆtica, ajena al espĆritu de la auditorĆa electoral, denuncia el equipo argentino.
La delegaciĆ³n posee abundante documentaciĆ³n sobre la coacciĆ³n de dirigentes sociales y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad.
‘Como resultado de esa estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, despuĆ©s’, agregan.
El informe confirma que las renuncias del presidente Morales; del vicepresidente, Ćlvaro GarcĆa Linera, y de la lĆder del Senado, Adriana Salvatierra, entre otros, obedecieron a la presiĆ³n del alto mando de las Fuerzas Armadas.
‘En ningĆŗn caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por vĆ”lidas, lo que las convierte en actos jurĆdicos inexistentes’, advirtieron los observadores argentinos.
Tras la autoproclamaciĆ³n de ĆƱez, el gobierno de facto adoptĆ³ una polĆtica de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas y los dirigentes polĆticos y sociales afines al gobierno de Morales.
En tal contexto se suceden las graves violaciones a los derechos humanos, que por su carƔcter sistemƔtico ya constituyen delitos de lesa humanidad, advierten.
Por ejemplo, seƱalan que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, detenciones arbitrarias, heridos, desapariciones forzadas, apremios y torturas, violaciones y otros delitos.
Las principales vĆctimas de esta violencia fĆsica, psĆquica y sexual son las poblaciones mĆ”s vulnerables, como pasĆ³ en las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y de Senkata, en El Alto, entre discursos racistas y de odio.
AdemĆ”s, denunciaron la persecuciĆ³n selectiva, la confecciĆ³n de listas negras, la violaciĆ³n del debido proceso, la negaciĆ³n del derecho a la defensa, la restricciĆ³n de la libertad de prensa y la represiĆ³n violenta de las protestas.
Esta misiĆ³n llegĆ³ el jueves bajo el hostigamiento, amenazas y calumnias de sectores reaccionarios de la derecha y del gobierno golpista, instalado tras la renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre.
