Brasilia, 2 ago.— La preparación del Gobierno para enfrentar el aumento a los aranceles de 50 por ciento impuestos por Estados Unidos a las exportaciones nacionales, descolló en Brasil en semana que termina hoy.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva llega a esa agresión comercial con señales de solidez política y económica que mitigan el impacto inicial y perfilan una respuesta estratégica.
Bajo el creciente proteccionismo estadounidense promovido por el presidente Donald Trump, el Gobierno reconfigura su posición internacional mediante cohesión interna y serenidad.
El Ministerio de Hacienda, liderado por Fernando Haddad, confirmó que está listo un paquete de medidas para asistir a los sectores más afectados por la decisión de Washington.
Entre las acciones para atenuar los aranceles, figuran líneas de crédito específicas para exportadores, apoyo logístico para pequeñas y medianas empresas, y una revisión arancelaria en mercados alternativos.
Haddad, quien asistió a una reunión con Lula, enfatizó que no es momento de agravar la crisis, sino de mantener la puerta abierta para proseguir las negociaciones con la Casa Blanca.
Señaló que importantes sectores siguen sujetos al aumento de tarifas y que el objetivo gubernamental es intentar revertir tal situación.
El plan contempla asistencia directa a renglones como aviación, café, acero, carne bovina y maquinaria, todos fuertemente integrados en el comercio con Estados Unidos.
También Haddad afirmó que el Gobierno no aplicará la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, que permite responder con medidas similares a acciones comerciales extranjeras.
«No hubo retractación de ninguna decisión, porque no se ha adoptado medida alguna. Nunca usamos el verbo ‘tomar represalias’ para describir nuestras acciones», aseguró ante periodistas. «Son medidas para proteger la
soberanía, nuestra industria y agroindustria, no represalias», insistió.
El anuncio de Haddad llega luego de que Trump comunicó el 9 de julio el aumento arancelario, que comenzará a aplicarse el 6 de agosto.
Según analistas, la medida tendría motivaciones políticas, pues el republicano condicionó el trato comercial a la situación judicial del exmandatario Jair Bolsonaro, actualmente procesado por su implicación en actos golpistas.
En un comunicado oficial, el Gobierno brasileño criticó duramente las declaraciones del gobernante norteamericano, subrayando que «la justicia no se negocia» y que la independencia del Poder Judicial es un pilar democrático innegociable.
Si bien Lula mencionó públicamente la posibilidad de invocar la Ley de Reciprocidad, el Ejecutivo optó por mantener abiertas las vías diplomáticas.
