Quito, 31 jul.— Representantes de organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) presentarán hoy en Ecuador una demanda ante la Corte Constitucional contra la Ley de Integridad Pública, por considerar que viola derechos laborales y facilita despidos.
Esta norma ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales y sindicales por generar inestabilidad entre los empleados, algo que se materializó la semana pasada tras el anuncio del Gobierno del presidente Daniel Noboa de desvincular a cinco mil funcionarios públicos.
La Confederación Nacional de Servidores Públicos de Ecuador (Conasep) rechazó tajantemente los despidos, que calificó como “regresión de derechos”, y criticó al Ejecutivo por culpar a esos servidores de falta de eficiencia y de una supuesta “obstrucción” de los servicios.
Paralelamente, en redes sociales circula la convocatoria a una movilización este jueves que recorrerá los Ministerios de Ambiente, Mujer y Derechos Humanos, y Cultura y Patrimonio.
Esas tres instituciones se fusionarán con otras carteras como parte del “plan de eficiencia administrativa” del Ejecutivo, que decidió reducir los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres.
Esa decisión implica un atentado en contra de derechos y una desatención grave a poblaciones y territorios vulnerables, afirma el llamamiento a la marcha, que también pasará por la embajada de Israel en Quito, ya que los
convocantes creen que Noboa ejecuta una neocolonización del Estado con el respaldo político, económico y de seguridad del régimen sionista y de Estados Unidos.
Para la próxima semana también hay movilizaciones planificadas contra las más recientes acciones del Gobierno.
El 5 de agosto, colectivos ambientalistas protagonizarán un plantón frente a las oficinas del Ministerio de Ambiente, cuyas competencias pasarán a la cartera de Energía y Minas y eso, a juicio de los activistas, representa un conflicto de intereses entre extractivismo y preservación.
Además, trabajadores, educadores, profesionales de la salud, dirigentes barriales, servidores desvinculados y pacientes con enfermedades catastróficas, realizarán una movilización el 7 de agosto hasta la Corte Constitucional.
Exigirán que esa instancia dé respuesta a las más de 20 demandas presentadas contra disposiciones impulsadas por Noboa, fundamentalmente contra la Ley de Integridad Pública.
