Brasilia, 26 may.— La Fiscalía General de Brasil preparará desde hoy un cruce masivo de datos tras concluir los testimonios sobre la tentativa golpista de 2022, dentro del marco de una investigación liderada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Tal ministerio avanza en el análisis de las declaraciones recogidas en la causa que indaga el presunto plan de golpe de Estado, tras las elecciones presidenciales de hace tres años, que involucraron a miembros del entorno del expresidente Jair Bolsonaro.
La investigación es conducida por el ministro Alexandre de Moraes, del STF, y se encuentra en su primera fase de instrucción criminal.
Según la televisora CNN Brasil, el objetivo inmediato es realizar un amplio cruce de datos entre los alegatos obtenidos del llamado núcleo uno del caso, conformado por altos exfuncionarios del anterior Gobierno (2019-2022).
Las audiencias comenzaron el 19 de mayo y se extenderán hasta el 2 de junio. Finalizada esta etapa, se prevé que los propios acusados sean interrogados en un segundo periodo a partir del segundo semestre.
Entre los citados a declarar figuran los exministros Marcelo Queiroga (Salud), Paulo Guedes (Economía), Adolfo Sachsida (Minas y Energía), Bruno Bianco (Abogacía General de la Unión) y Tarcísio de Freitas (Infraestructura), ahora gobernador de Sao Paulo.
De acuerdo con fuentes cercanas al fiscal general Paulo Gonet, la coincidencia o contradicción entre las distintas versiones será determinante para solicitar nuevas diligencias como careos, otras citaciones o incluso órdenes de allanamiento.
Los hechos inquiridos giran en torno a una presunta conspiración para impedir la investidura del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.
El caso se basa en indicios sobre el diseño de un plan para invalidar los resultados electivos, mediante presiones a las Fuerzas Armadas, intervención institucional y convocatorias a manifestaciones masivas frente a cuarteles militares. Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en el momento del traspaso de mando (1 de enero de 2023), es investigado como figura central en la articulación de dicho plan.
Aunque niega repetidamente haber promovido un complot, se le atribuye que toleró o incentivó discursos golpistas, así como de mantener contactos con militares implicados.
El punto de inflexión ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes bolsonaristas extremistas (adeptos del mandatario ultraderechista) invadieron y vandalizaron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.
Pese a que Bolsonaro no estuvo presente, los investigadores consideran que ese episodio fue el desenlace de una campaña de deslegitimación electoral promovida desde el Ejecutivo.
«El país necesita esclarecer hasta qué punto hubo una coordinación deliberada para romper el orden democrático», señaló una fuente del STF.
