Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha establecida por la ONU en 1977 para honrar la resistencia histórica de mujeres que desafiaron sistemas opresivos.
El origen se remonta al 8 de marzo de 1857, cuando 129 obreras textiles de la fábrica Cotton en Nueva York perdieron la vida en un incendio durante una protesta. Su reclamo era claro jornadas laborales justas, salarios equitativos, condiciones dignas de trabajo e igualdad frente a los hombres. Este hecho, aunque trágico, encendió la chispa de un movimiento imparable.
Casi dos siglos más tarde, la lucha por los derechos de las mujeres y niñas sigue vigente. Según datos de la ONU, ellas son las más afectadas por la pobreza, la desigualdad, la violencia sistémica, las crisis climáticas y las secuelas de pandemias. Las cifras son contundentes:
Según datos de las Naciones Unidas (ONU), existe un déficit anual de 360.000 millones de dólares para financiar medidas de igualdad de género hacia 2030. Solo el 5% de la ayuda gubernamental global se destina a combatir la violencia de género, y menos del 0,2% se invierte en su prevención.
Estos números reflejan una paradoja, mientras los discursos políticos abrazan la equidad, los recursos para materializarla son insuficientes.
La crisis sanitaria por COVID-19 profundizó las brechas. Las mujeres asumieron una carga desproporcionada en tareas de cuidado, muchas abandonaron el mercado laboral y los casos de violencia doméstica se dispararon. Esta realidad se agrava al intersectarse con factores étnico-raciales, dejando en evidencia cómo las mujeres indígenas, afro descendientes y migrantes enfrentan múltiples formas de discriminación.
Pese a los desafíos, existen herramientas para proteger los derechos de las mujeres. En el ámbito universal, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) promueve la igualdad legal y social. En América, la Convención de Belém do Pará busca erradicar la violencia de género. Sin embargo, su aplicación sigue siendo desigual. Los Estados firmantes tienen la responsabilidad de traducir estos compromisos en políticas públicas efectivas, con presupuestos reales y enfoques interseccionales.
¿Hacia dónde vamos?
El 8 de marzo no es solo una fecha conmemorativa, sino un recordatorio de que la justicia de género requiere acción constante. Desde las obreras de Cotton hasta las activistas actuales, la demanda es la misma: dignidad, igualdad y libertad. Los datos exponen una urgencia: sin inversión, voluntad política y participación social, el camino hacia la equidad seguirá siendo una promesa incumplida.
