El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudará hoy el juicio sobre acciones que discuten la constitucionalidad del llamado presupuesto secreto que destina fondos a proyectos definidos por parlamentarios sin la identificación de estos.
Tal análisis comenzó la semana pasada con la lectura del informe y disertaciones de interesados en el proceso. La ponente del caso es la presidenta de la corte, ministra Rosa Weber.
El Congreso Nacional envió a la corte superior una solicitud para que las acciones contra el presupuesto secreto sean rechazadas.
Según la vicefiscal general de la República, Lindôra Araújo, el Supremo no puede ser utilizado como «escenario político» y el presupuesto secreto no puede ser responsabilizado por los problemas del país.
«Los problemas de Brasil no fueron creados por el presupuesto secreto», afirmó al recordar que las acciones juzgadas cuestionan la falta de transparencia de las enmiendas de relator y que, para ella, el Congreso adoptó medidas para resolver la opacidad de informaciones sobre las transferencias.
Medios periodísticos aseguran que el presupuesto secreto se convirtió en una moneda de cambio entre el Gobierno federal y el Congreso Nacional, pues las enmiendas de ponente no necesitan ser distribuidas de forma igualitaria entre los parlamentarios.
Articuladores políticos del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva corren contra el tiempo para desbloquear la votación.
El marcador en el STF estaba cinco a cuatro para derribar el mecanismo cuando el juicio fue suspendido el jueves pasado. Aún faltan los votos de los ministros Ricardo Lewandowski y Gilmar Mendes.
Desde su aprobación, el mecanismo valió al derrotado mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro para conservar la gobernabilidad dentro del Congreso.
«La utilización de las enmiendas presupuestarias como forma de cooptación del apoyo político por parte del Poder Ejecutivo, además de violar el principio de igualdad, en la medida en que privilegia a ciertos miembros del Congreso en detrimento de otros, pone en riesgo el propio sistema democrático», escribió recientemente la magistrada Carmen Lúcia Antunes, del STF.
De acuerdo con las normas actuales, no hay límite para el valor de estas enmiendas y no es posible identificar al parlamentario que solicitó el gasto.
