Santiago de Cuba (ACN) Comunicadores, periodistas, juristas, cientistas de la información, académicos, diputados, funcionarios de las organizaciones políticas y de masas y nuevos actores económicos debatieron hoy en Santiago de Cuba el anteproyecto de Ley de Comunicación Social.
Con la premisa de que el ciudadano es el centro de la nueva norma, la consulta resultó un ejercicio de democracia y participación, en tanto se propusieron modificaciones en el estilo de redacción, terminología, la inclusión de aclaraciones y la eliminación de algunos artículos.
Onelio Castillo, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, comentó que para la elaboración de esta amplia, abarcadora y oportuna ley, se estudiaron más de 301 normativas cubanas y extranjeras desde el año 1811.
Enfatizó en la importancia de la comunicación como un recurso estratégico para la sostenibilidad de la nación y el desarrollo del gobierno, sobre todo ante las actuales circunstancias de contingencia que vive el país.
Castillo instó a los presentes a fomentar la cultura en la ciudadanía sobre su derecho a la información, y en este sentido insistió en que el documento favorecerá la ética y la transparencia en su gestión y divulgación, con fuerza en el control popular.
Víctor Hugo Leyva, profesor de la Universidad de Oriente (UO) y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia, expresó que el anteproyecto abarca todos los elementos desde la teoría.
El docente se refirió a la comunicación comunitaria y a la necesidad de delimitar, desde la normativa, la figura encargada de ejecutar esa imprescindible función, que cobra auge en situaciones excepcionales.
La gestión de crisis, la publicidad y el patrocinio, el régimen de contravenciones y la incertidumbre acerca de quién implementará estas sanciones, además de las especificidades del reglamento que seguirá a la ley fueron otros de los temas del intercambio.
José Morales, periodista del semanario Opciones y miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), se preocupó por la ausencia en el documento de cuestiones referentes a la calidad y al presupuesto para la comunicación.
El presidente de la ACCS en el territorio, José Alberto Expósito, propuso ampliar el aspecto institucional y abordar otras formas como las relaciones públicas, la identidad visual y el sistema de mercadotecnia, igualmente estratégicos para las empresas y las comunidades en función de sus campañas de bien público.
Por otra parte, Raúl Vega, decano de la Facultad de Derecho de la casa de altos estudios de Santiago de Cuba, recomendó algunas precisiones, por ejemplo quién declarará la información de interés público y la concreción de los mecanismos jurídicos para las reclamaciones.
Entre los planteamientos también resaltaron los concernientes a la definición de la libertad de prensa, su desarrollo y sus límites, la inclusión de un glosario de términos y el aumento de los entornos virtuales, poco reflejados en la ley.
Maribel Brull, doctora en Ciencias de la Comunicación, profesora titular y consultante de la UO, sugirió, asimismo, sintetizar los principios y perfilar mejor los conceptos, en aras de que la normativa tenga un basamento en la ciencia, la tecnología y la innovación.
Recomendó, en el caso de las instituciones asociativas y militares, especificar en el anteproyecto su obligatoriedad para brindar información, a la par del resto.
La comunicación social es uno de los pilares de la gestión gubernamental, de ahí la importancia de la nueva ley, que pondera su práctica con transparencia en las cuestiones de interés público, la rendición de cuenta de los funcionarios y el control popular.
