El proceso legislativo define el carácter inclusivo de Cuba

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Se trata de la Ley de Tribunales Militares, la del Proceso penal militar, la referida al Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, además del Código de las Familias.
El proceso legislativo define el carácter inclusivo de Cuba

La Habana, 20 dic.— Como parte del trabajo previo al Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los diputados realizaron en la jornada del sábado un fructífero intercambio con los ponentes de los cuatro proyectos de leyes, que posteriormente se llevarán a la aprobación del Parlamento, en aras de enriquecer el cuerpo legal de los textos, aclarar inquietudes comunes y aportar a una mejor comprensión de los contenidos que abordan.

Se trata de la Ley de Tribunales Militares, la del Proceso penal militar, la referida al Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, además del Código de las Familias.

Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, señaló que estos proyectos de leyes guardan total sintonía con las leyes aprobadas en la sesión anterior de la Asamblea; en tanto, todo el proceso de elaboración, criterios y recomendaciones –emitidos respecto a las normas mencionadas– fue y es válido para los presentes proyectos.

Como parte de las consultas, dijo, se recibieron propuestas tanto de los diputados como de las estructuras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de dependencias y oficinas del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, además de las universidades, entre otros sectores.

En total, se recibieron 162 criterios nuevos, y fue aceptado el 65 % de las recomendaciones, puntualizó.

PROYECTO DE LEY DE TRIBUNALES MILITARES

Sobre esta propuesta de normativa que, de ser aprobada, reemplazaría la Ley No. 97 De los tribunales militares, que data del 21 de diciembre de 2002, se recibieron 28 criterios de los parlamentarios y el 89 % fue incluido para perfeccionar el contenido y cuerpo legal del proyecto, informó Remigio Ferro. Asimismo, de los organismos y universidades llegaron 29 propuestas y, de ellas, el 76 % fue aceptada, mencionó.

A partir de las consultas, señaló, se adicionaron cuatro artículos, y entre los principales cambios al documento se encuentra la modificación de 23 artículos, algunos con transformaciones sustanciales, y otros en aras de perfeccionar su redacción. Por ejemplo, aludió, se sustituye la expresión «instituciones armadas» por «ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior», a tenor con lo dispuesto en nuestra Carta Magna.

PROYECTO DE LEY DEL PROCESO PENAL MILITAR

Sobre esta propuesta de norma que, de ser aprobada, reemplazaría a la vigente Ley No. 6, del 6 de agosto de 1977, se recibieron 31 propuestas de los diputados, las que se aceptaron 28, acotó Remigio Ferro.

Asimismo, en la consulta con otros organismos se recibieron 72 nuevos criterios, de los que se aceptó el 40 %.

A partir de las consideraciones, puntualizó, se realizaron algunos cambios y modificaciones, entre los cuales se encuentra la modificación de la parte expositiva del Proyecto, en función de optimizar la calidad de su redacción. «Igualmente se modificaron 207 artículos de la Ley, y en cuatro de ellos se introdujeron cambios sustanciales».

También se adicionaron, como causas de incapacidad para actuar como peritos, las siguientes: ser subordinado del imputado, del acusado, tercero civil responsable, de la víctima o del perjudicado; o tener relación de parentesco con alguna de las autoridades actuantes.

Idaliena Díaz Casamayor, diputada por el municipio de Guantánamo, reconoció que esta propuesta protege los derechos del sector, y aunque está un poco más distante del funcionamiento de la sociedad civil, responde a lo planteado en la Constitución.

Por otra parte, expresó su preocupación sobre los casos en los que algún sujeto no esté de acuerdo con el proceso, cómo se procedería a la hora de firmar el acta correspondiente, y si sería necesario la intervención de una tercera persona.

Sobre esta cuestión, el Presidente del TSP explicó que la práctica sostenida hasta ahora es que, si la persona que es objeto de esa intervención no está de acuerdo con el acta de registro, lo debe consignar, y de ser posible, reflejar sus razones, y estas deberán ser valoradas en su momento por los tribunales.

Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, agregó que, a partir de esta falta de consentimiento, el fiscal a cargo velaría porque esa prueba se realice con la legalidad requerida.

Miguel Charbonet, diputado por Artemisa, planteó sus consideraciones respecto a algunos términos empleados en varios artículos, y realizó varias propuestas de adición, entre ellas, la de considerar el delito de revelación de secretos militares como causa única.

PROYECTO DE LEY DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO Y LA GESTIÓN DEL SUELO

También se analizó el proyecto de Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo.

Sobre este particular, Diana Rosa Suárez Matías, directora jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, explicó que se trata de una ley que no tiene antecedentes en el país, ya que hasta el momento se había regido la actividad por un Decreto-ley que data de 1978.

El proyecto, que se debatió de manera abierta y se nutrió de los criterios de diputados, población y universidades, sufrió –a raíz de ese intercambio– modificaciones importantes, con prevalencia de los temas de redacción.

Con respecto a los cambios, se incorporaron los temas de identidad, la disciplina territorial y la preservación del patrimonio.

En su intervención, Suárez Matías se detuvo en el artículo 18, de fuerte debate por los diputados, generado, sobre todo, por la responsabilidad que asume quien asigne los suelos urbanizados.

Explicó, en tal sentido, que hay municipios que por restricciones urbanísticas no tienen disponibilidad de suelo para entregarle a la población, y que se han emitido resoluciones complementarias para una protección a los residentes en los municipios donde no existe esa disponibilidad.

En resumen, como parte del ajuste a la estructura del proyecto, se modificaron 55 artículos, siete de ellos con cambios sustanciales.

La diputada Lourdes Caballero Garzón señaló la pertinencia o no de ajustar la redacción del artículo 18, en lo referido al término «aprobar» los instrumentos del plan de ordenamiento territorial, en función de la extensión de las funciones correspondientes.

En respuesta, la Directora Jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico señaló que los territorios, al necesitar un plan parcial para la edificación de las viviendas, siempre aprobarían el instrumento, lo que este puede estar sujeto a cambios, en aras de perfeccionarlo.

Destacó, además, que les corresponde a las autoridades provinciales asignar el suelo urbanizado, en los casos que le competa y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y las causales específicas que establece la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda.

Sobre este tema, el diputado Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, mencionó la necesidad de esa interrelación con los municipios y sus autoridades, para conocer las áreas de desarrollo en cada territorio.

Asimismo, el diputado José Cantero pidió que se revisara esta cuestión, en aras de que armonice con lo refrendado en la Constitución de la República y la autonomía que se le otorga a los municipios para la gestión de sus recursos, lo que incluye la utilización de los suelos.

En tanto, Jennifer Bello Martínez, diputada por Cárdenas, Matanzas, reflexionó sobre cómo se garantiza la participación popular en la formulación de los instrumentos de ordenamiento, y lo necesario de incluir, –además del conocimiento y la colaboración–, la toma de decisiones por parte de cada uno de los actores que participan en estos procesos.

Con el tema de las construcciones por esfuerzo propio y las intervenciones arquitectónicas interiores, la diputada Mariela Castro Espín destacó la posibilidad de determinar una figura, sin que medien burocratismos, que asuma la función de asegurar que los arreglos internos o edificaciones acometidas no afecten la carga o estructura de la vivienda, en aras de evitar derrumbes u otras afectaciones de este tipo.

Al concluir, el primer ministro, Manuel Marrero, sugirió que, a raíz de las modificaciones y cambios que se han introducido a la propuesta de normativa, el grupo redactor se reuniera y efectuara una sesión de trabajo, para encauzar todas las inquietudes antes planteadas.

La vice primera ministra, Inés María Chapman, resaltó la importancia de la Ley, en aras del ordenamiento urbano y territorial, dado que responde a muchos planteamientos y preocupaciones de la población.

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