En declaraciones a La Estrella de Panamá, el economista Raúl Moreira aseguró que este fallo ‘pretende imponer a nuestro país un sistema tributario que escapa a nuestra realidad de capacidad de recaudación’.
A la vez que ‘menosprecia nuestro derecho soberano de establecer el sistema tributario que mejor responda a nuestros intereses dentro de parámetros de transparencia y combate a la impunidad frente a los delitos fiscales’, apuntó.
El también catedrático precisó que la medida forma parte de los ataques a la imagen internacional de la nación para que cedamos a sus pretensiones, las cuales fueron saldadas con la pérdida de empleos y exportaciones de servicios.
A juicio del Consejo de la UE, ‘Panamá tiene un dañino régimen de exención de ingresos de origen extranjero y aún no ha resuelto esta cuestión’, a pesar de los esfuerzos realizados por el país para erradicar tales prácticas.
En un comunicado el lunes pasado, la cancillería istmeña relacionó los acuerdos de cooperación internacional firmados a partir de sugerencias realizadas por entes como la UE, entre los que sobresale la Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios.
También mencionó la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario y el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios, entre otros.
Con ello, las autoridades competentes pretenden abordar la evasión tributaria, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno más transparente y competitivo, acotó el texto.
Recordó que como resultado del continuo trabajo, en un año se suspendieron más del 50 por ciento de las 762 mil 709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público por incumplimiento de la regulación panameña, impulsaron la supervisión del desempeño de los agentes residentes y firmas de abogados locales y cumplieron con el intercambio de información fiscal con 66 países.
El Consejo de la UE decidió mantener a Panamá en su ‘lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales’, dos días después de que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación revelara los Papeles de Pandora, que involucra a tres expresidentes y dos firmas de abogados istmeños.
Este instrumento europeo, concebido para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, fue creado en diciembre de 2017 tras escándalos como los Panama Papers y LuxLeaks, en tanto las sanciones pueden contemplar la congelación de fondos procedentes del viejo continente y dificultades para relacionarse con el sistema bancario internacional.
