Santiago de Cuba, 14 oct.— El 14 de octubre de 1960, hace hoy 61 años, el pueblo cubano despertaba con una sensacional noticia: el Gobierno Revolucionario promulgaba en esa fecha la Ley de Reforma Urbana que ponía fin al desastroso panorama de la vivienda que sufrían decenas de miles de familias, sobre todo las más humildes.
Ya antes, en enero de 1959 la Ley 26 decretada por el Gobierno Revolucionario suspendía todos los desalojos pendientes, práctica muy utilizada por los propietarios de casas cuando los inquilinos no pagaban, mientras que en marzo de ese propio año otra ley rebajaba los alquileres de viviendas hasta en un 50 por ciento para los que pagaban más de cien pesos y en un 40 los que pagaban menos de 200.
De igual forma, en marzo de 1959 la Revolución creó el Instituto Nacional de la Vivienda que inició la construcción de miles de nuevas casas en toda la isla, utilizando como financiamiento los bonos de la lotería cuya recaudación era fuente de enriquecimiento para los gobernantes y funcionarios.
La Ley de Reforma Urbana aprobada el 14 de octubre de 1960, concedió de inmediato la propiedad de las viviendas que habitaban 200 MIL familias cubanas, mientras que otras 320 MIL que tenían problemas de ilegalidades en sus hogares fueron también beneficiadas con el título de propietarios a partir de 1989.
No cabe la menor duda, que aquella Ley de Reforma Urbana hace hoy 61 años, inició el proceso transformador de la vivienda en nuestro país, uno de los problemas más acuciantes sufridos por la población cubana desde la misma etapa colonial.
En su histórico alegato La Historia me Absolverá el Doctor Fidel Castro había planteado que en el país “existían 200 MIL bohíos y chozas, 400 MIL familias vivían hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin ningunas condiciones de higiene y salud, mientras que 200 MIL personas eran obligadas a pagar altos alquileres en tanto que 800 MIL habitantes de la ciudad y el campo carecían de electricidad”.
La Ley de Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960 fue sustituida en 1989 por la Ley General de la Vivienda, que con sus modificaciones a lo largo de estos años ha cumplido con el principio, que el derecho de propiedad personal sobre la vivienda no es ni puede ser mecanismo de enriquecimiento ni de explotación.
La Ley de Reforma Urbana tuvo también el privilegio de que con su promulgación quedaba cumplido en lo esencial el Programa del Moncada.
