Brasilia, 19 nov.— La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una importante victoria en la justicia, que ordenó al ministerio del sector informarle sobre la probable cooperación entre la operación Lava Jato y autoridades estadounidenses.
Según el periodista Gabriel Mascarenhas, de la sección Radar en la revista Veja, por 15 votos a cero el Tribunal Especial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) mandó a la cartera de Justicia y Seguridad Pública comunicar a Lula sobre la supuesta ilegal colaboración.
La corte especial también dictaminó que la primera sección, y no la tercera como quería el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, debía ser el juez de la orden del exlíder metalúrgico contra el caso.
El equipo jurídico del exmandatario quiere acceder a tales pedidos de cooperación formulados, solo o de forma recíproca, entre autoridades brasileñas y norteamericanas, centrándose en actuaciones de la Lava Jato.
Una decisión emitida en agosto por el juez Sergio Kukina, del STJ, fue tomada a petición de los juristas del exdirigente obrero, quienes denuncian que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, Estados Unidos) actuó, sin respetar los procedimientos, para quebrar la criptografía del sistema de la empresa constructora Odebrecht.
El pedido de información se refiere a seis acciones criminales en la Lava Jato contra el fundador del Partido de los Trabajadores.
Kukina consideró que la información resulta esencial para confirmar si el Gobierno federal fue advertido de la supuesta colaboración entre la Lava Jato y el FBI.
Según la defensa, los tratos implicaron la ayuda de la agencia de inteligencia norteña para que los fiscales rompieran la clave del sistema de pago de sobornos del contratista de Odebrecht.
Los representantes del exmandatario sustentan que existe la sospecha de que esto ocurrió sin el procedimiento estándar, definido en tratados internacionales.
El Ministerio de Justicia negó a la defensa el acceso a información, al alegar que las actuaciones no pueden compartirse porque están sujetas a confidencialidad.
Sin embargo, Kukina argumentó que resulta legítimo que los letrados puedan solicitar directamente a entidades públicas y privadas información relevante para la estrategia de defensa.
Insistió en que no hay impedimentos para que el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional informe sobre la existencia de sospechosos pedidos de cooperación.
Para Lula, la Lava Jato legalizó la corrupción en Brasil y cumplió una agenda que respondía a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.
