Brasilia, 14 sep.— Seis meses después, el brutal asesinato en Río de Janeiro de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos humanos Marielle Franco continúa hoy impune y sin indicios de pronta solución.
Concretamente hoy no se tiene nada; sólo declaraciones vacías que no permiten acreditar que estamos realmente caminando a descubrir quién la mató, quién la mandó a ejecutar y las motivaciones de ese crimen, manifestó su viuda, la arquitecta Mónica Benício, durante una reciente visita a Argentina.
Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes fueron ultimados en una céntrica zona de Río de Janeiro en la noche del 14 de marzo último.
Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban.
El crimen estremeció al país y tuvo amplia repercusión más allá de sus fronteras; tanta que Benício fue invitada a participar el próximo día 20 en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para desde allí denunciar la demora en las investigaciones, que están en manos del Ministerio Público carioca.
En estos seis meses las averiguaciones sobre ese asesinato político tomaron los rumbos más variados y las sospechas recayeron lo mismo sobre integrantes de las milicias (bandas criminales urbanas que delinquen bajo el supuesto de combatir el narcotráfico) que sobre un ex policía militar y un ex bombero.
Alcanzaron también al concejal Marcelo Siciliano, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), y a tres diputados estaduales: el ex presidente de la Asamblea Legislativa de Rio Jorge Piccian, Paulo Melo y Edson Albertassi, todos actualmente presos en el ámbito de la operación anticorrupción Lava Jato.
Hace poco más de un mes, el ministro brasileño de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, admitió en entrevista concedida a una televisora que la dificultad en esclarecer el caso estriba en el hecho que en el mismo evidentemente están involucrados agentes del Estado y políticos.
Es además complejo de resolver por el profesionalismo con que actuaron los asesinos, acotó Jungmann, quien anunció entonces que la Policía Federal estaba lista para entrar en el caso. La colaboración, sin embargo, fue recusada por la Policía Civil carioca.
La validez del ofrecimiento del ministro fue cuestionada luego por el diputado federal del PSOL Chico Alencar, quien preguntó qué novedad podría traer eso para las investigaciones si la seguridad pública de Río ‘está federalizada, militarizada y bajo intervención’ desde febrero pasado por orden del presidente Michel Temer.
Según el legislador, para esa intervención resulta una vergüenza que un caso tan emblemático de crimen político no haya sido resuelto hasta ahora.
La morosidad en la investigación puede hasta indicar complicidad con el bandidaje que implementó la tragedia, advirtió Alencar.
