Lima, 17 dic.— La Corte Suprema de Perú verá hoy una apelación del exgobernante Alberto Fujimori contra la anulación del indulto que hace un año interrumpió una condena de 25 años de cárcel que cumplía por crímenes de lesa humanidad.
La apelación alega que el indulto, otorgado la víspera de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue dado por este en uso de sus facultades constitucionales y se apega a la legalidad peruana, por lo que no puede ser revocado.
Sin embargo, la medida fue anulada por la justicia peruana debido a que fue dictada como humanitaria, pero después se descubrió que fue materia de un acuerdo político que impidió por unos meses la destitución del exgobernante por graves indicios de corrupción.
En tales términos, la gracia se convertía en una decisión política, lo que es legalmente inviable por compromiso jurídicos internacionales peruanos que prohíben medidas de ese tipo a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad como las dos matanzas por las que Fujimori (1990-2000) fue sentenciado.
El indulto fue anulado en octubre pasado, aunque Fujimori no volvió a prisión de inmediato, pues ingresó en una clínica por sufrir hipertensión y otros problemas de salud y permanece hospitalizado desde entonces.
Si bien la condena fue dictada en 2009, la encarcelación del exgobernante se cuenta desde que fue detenido dos años antes en Chile, país al que llegó desde Japón, a donde había fugado siete años antes, cercado por un escándalo de corrupción.
Fujimori tiene además pendientes dos juicios en los que es señalado como autor mediato de otras dos matanzas de sospechosos de terrorismo, perpetrada, como las dos que lo llevaron a prisión, por un grupo militar de inteligencia que dependía de una cadena de mando en cuya cúspide estaba el entonces presidente.
Entretanto, una corte de apelaciones delibera su fallo ante la apelación de la hija del exgobernante, Keiko Fujimori, sometida en octubre último a prisión preventiva por 36 meses, en el marco de una investigación por lavado de activos en el manejo de fondos electorales de origen oculto o enmascarado.
La audiencia de ese caso concluyó el sábado último y el tribunal señaló que se tomará los días necesarios para adoptar una decisión, la que podría darse esta semana.
