La Habana, 21 mar.— Juristas habaneros reunidos este domingo en la asamblea de balance de su organización en La Habana respaldaron una declaración a favor de sus miembros, a raíz de las calumnias y campañas de descrédito contra esos profesionales tras intervenir en los procesos judiciales derivados de los hechos de julio pasado.
La declaración de la filial habanera de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) destaca la labor desempeñada por abogados y fiscales, los cuales –recalca– “actuaron apegados al debido proceso”.
El encuentro, presidido por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana; el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, sirvió también para repasar el trabajo de los profesionales del derecho durante 2021.
“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, dijo Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la organización en La Habana.
“Indignan las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”, agregó Álvarez Bencomo.
La declaración emitida por la UNJC de La Habana subraya que “los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley.
“Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
Tras la lectura del texto, Torres Iríbar hizo un breve recuento de los hechos del 11 y 12 de julio en La Habana, y dijo que la campaña que se ha desatado contra jueces y fiscales “no es más que una articulación para destruir el sistema judicial de la Revolución”.
“No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución”, afirmó.
La máster en Derecho Civil y vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Ludmila Collazo Rodríguez, denunció que tras darse a conocer las notificaciones resultantes de los procesos judiciales de los hechos del pasado 11 de julio se ha desatado una campaña de descrédito contra los profesionales de la justicia.
“Tanto los jueces como los fiscales han cumplido cada una de las fases del procedimiento establecido, en las cuales se garantizan los principios básicos que postula la Constitución de la República de Cuba, que tienen que ver con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”, apuntó.
La letrada comentó que muchos de los que intervinieron en los procesos judiciales fueron jueces jóvenes, quienes asumieron con gran responsabilidad el procedimiento para el juzgamiento de estos hechos.
“En estos se ha velado por el principio de participación popular que rige la imparticipación de justicia bajo los principios de imparcialidad, la transparencia y el carácter eminentemente humanista”, destacó.
Collazo Rodríguez ratificó que los jueces seguirán cumpliendo con todos los postulados de la carta magna y velarán por todas las reglas del debido proceso, “teniendo en cuenta que estas resoluciones judiciales no son firmes y las personas juzgadas cuentan con los medios para impugnar las sentencias y hacer valer sus derechos”.
Por su parte, Guillermo Rodríguez Gutiérrez, abogado del bufete colectivo de La Lisa, reafirmó que durante el procesamiento de los acusados se cumplió con el debido proceso ya que “tuvieron derecho a la representación letrada, se les dieron a conocer las acusaciones que se les imputaban y pudieron presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. Además, pudieron expresarse libremente durante la vista oral”.
Recordó que los abogados, a quienes ahora algunos cuestionan de no ser imparciales, pertenecen a un órgano independiente de la Fiscalía.
Sobre las condenas por sedición, Rodríguez Gutiérrez explicó que, además de los daños provocados, hay que tener en cuenta “la intención del agente comisor del delito”, que en este caso era alterar o cambiar el sistema económico y social del país establecido en la Constitución.
“Nuestros abogados plantearon sus tesis de defensa y realizaron su papel. El tribunal, a partir de las pruebas judiciales y testificales, tomó una determinación. Hay que recalcar que estas condenas aún no son firmes, ya que aún resta un proceso donde los imputados pueden presentar recursos de apelación”, aclaró.
Anabel López Reinaldo, fiscal en el municipio habanero de Marianao, afirmó que pertenecer a la Unión de Juristas de Cuba es un honor.
“Ser fiscal es un orgullo y una tarea bien difícil, porque hay que llevar a la par la responsabilidad, la justicia y la sensibilidad humana”, dijo.
“No son justos los cuestionamientos que se nos hacen. Nosotros hacemos nuestro trabajo apegados a la justicia en nombre del pueblo al que pertenecemos”, agregó.
Resaltó el tratamiento diferenciado dado a los jóvenes implicados, quienes tienen atenuantes atendiendo al carácter preventivo de la justicia.
