El pasado jueves nuevos elementos en torno a esa operación arrojaron evidencias sobre las implicaciones de los servicios de inteligencia colombianos en la fallida agresión paramilitar, realizada el 3 de mayo de 2020, y en la cual se pretendía asesinar al presidente Nicolás Maduro.
En declaraciones a Noticias Caracol, reseñadas por Venezolana de Televisión (VTV), Yacsy Alejandra Álvarez, una de las implicadas en la fase organizativa de la incursión dirigida por la empresa estadounidense de seguridad Silvercorp, reveló detalles sobre el rol de la administración de Iván Duque en dichos planes organizados por la derecha venezolana.
La procesada señaló que siempre mantuvo contacto con las autoridades colombianas; ‘la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tenía claro la Operación Gedeón, sabían todo’, indicó al denunciar las pretensiones de las autoridades de usarla para encubrir el intento de golpe de Estado en el vecino país.
La mujer aseguró que la conexión con la inteligencia colombiana fue ‘constante y cercana’ con ella y el general desertor venezolano Cliver Alcalá, quien confesara públicamente su participación en los planes conspirativos, antes de entregarse a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
En tanto Venezuela espera que Colombia cumpla con la solicitud de la Sala Penal del Tribunal venezolano en su sentencia número 89, publicada el 21 de octubre de 2020, donde solicita la extradición de Álvarez, los hermanos Juvenal y Juven José Sequea, mayores de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como al primer teniente Rayder Russo Márquez y el civil Brian Rafael Pérez Astudillo.
Las investigaciones determinaron que los hermanos Sequea, Russo, Álvarez y Pérez participarían en una línea de acción coordinada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cuya finalidad era introducir mercenarios en este país.
La justicia venezolana los solicita para ser juzgados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación.
Pese a las nuevas evidencias destapadas esta semana por las declaraciones de la detenida, hasta el momento las autoridades colombianas no han dicho si atenderán la solicitud de Venezuela.