Santiago de Cuba, 10 jun.— Desde el pasado 27 de mayo se implementan los Acuerdos 8574 y 8575 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, relacionado con el ordenamiento y legalización de miles de viviendas con estatus “no convencionales”. Esta nueva política pretende beneficiar a un número considerable de personas que, mediante esfuerzo propio, han logrado erigir su domicilio siempre y cuando cumpla con las condiciones necesarias para ser habitable.
Sierra Maestra se dirigió hacia la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) para conversar con la licenciada Gladys Izel Revilla Hernández, jefa del Departamento de trámites y atención a la población de dicho centro, quien esclareció algunas cuestiones con respecto a este tema.
“Debo comenzar diciendo que es necesario concientizar a las personas sobre la importancia de poseer una vivienda debidamente legalizada, con la documentación correspondiente, terminadas o en fase de culminación, a las que se les dará el debido tratamiento según lo establecido en nuestros acuerdos.
“Este proceso tendrá una duración aproximada de seis años. En cada Dirección Municipal de Planificación Física existen mapificados los barrios en los que no pueden legalizarse ninguna propiedad, así las personas pueden informarse.
“Durante estas tramitaciones será priorizada la atención a los discapacitados, embarazadas y adultos mayores, aunque este será un derecho de todos. De igual forma, la certificación va a incluir las viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales; con respecto a esta última hablamos de aquellas casas construidas en fincas particulares o terrenos agrícolas, para las que se deberán emitir la desagregación del terreno y así la persona interesada pueda realizar los procedimientos correspondientes.
“También se procederá a dar una legalización a aquellas personas que están ocupando locales que les fueron otorgados, en algún momento, como ayuda, siempre y cuando estas hayan dado condiciones por esfuerzo propio, y a través de la vía estatal. Este trámite deberá iniciar en la Dirección Municipal de la Vivienda quien, a su vez, solicitará a Planificación Física la legalización si cumplen con las condiciones requeridas y los que no, recibirán una licencia para que puedan terminarla por sus propios medios. Las residencias que comenzaron a construirse por vía estatal y que no se han terminado las deberá concluir la propia persona, para ello recibirá ciertos beneficios.
“En esencia, esta normativa se aplica para todo aquel que tenga construcciones ilegales, sea la vivienda terminada, mínima adecuada, o en construcción para que pueda finalizarla de forma legal. La atención a la población será de lunes a viernes en las direcciones municipales y la persona solo necesitará su carné de identidad con la opción de llevar por escrito la situación actual de su vivienda o puede efectuar su declaración personalmente para así conformar su expediente”. (Nazín Salomón Ismael)
