La Habana, 26 sep.— American Airlines, aerolínea norteamericana, y la chileno-brasileña Latam Airlines fueron demandadas en Estados Unidos, con el amparo de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba, que tiene como objetivo privar a la isla de inversión extranjera.
Informa la agencia Prensa Latina que la reclamación contra ambas compañías fue introducida por Rivero Mestre, una firma de abogados con sede en Coral Gables, Florida, que ya ha presentado varias acciones legales de este tipo desde que el gobierno de Donald Trump puso en vigor dicha ley el pasado dos de mayo.
De acuerdo con el sitio web Law.com, el demandante es José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, a quien la reclamación menciona como el antiguo dueño del Aeropuerto de Rancho Boyeros, actualmente el Aeropuerto Internacional José Martí, que fue nacionalizado tras el triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959.
Esta demanda expresa que numerosas aerolíneas cubanas y extranjeras utilizan y se benefician de este aeropuerto, y que la familia Vilaboy no ha dado su consentimiento para tal uso, a pesar de tratarse de una propiedad nacionalizada, por lo cual el demandante interpone esta reclamación por daños y perjuicios, a raíz de lo que el documento denomina como ‘tráfico’.
La Helms-Burton, que codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba hace casi 60 años, fue aprobada por el Congreso estadounidense y entró en vigor en 1996, pero todas las administraciones desde entonces habían suspendido la aplicación del Título III.
Fue el ejecutivo de Trump, como parte de su creciente hostilidad hacia el país caribeño, el que decidió activar este año tal acápite, el cual permite a los estadounidenses demandar a personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo revolucionario.
José López Vilaboy fue propietario antes de 1959 del mencionado aeropuerto, la Compañía Cubana de Aviación, el hotel Colina y otros inmuebles, como uno de los testaferros más allegados del dictador Fulgencio Batista, derrocado por la Revolución.
