Bogotá, 4 ago.— El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció hoy el incremento de los asesinatos, amenazas, señalamientos y persecuciones contra quienes construyen la paz en Colombia.
Comunicamos a la comunidad nacional e internacional las continuas y sistemáticas amenazas en contra de quienes le apuestan a la paz, de las que vienen siendo objeto las autoridades y la guardia indígena en el norte del Cauca (departamento del oeste) al igual que las comunidades campesinas, quienes buscan el buen vivir para la sociedad, enfatizó.
‘Circulan panfletos por las redes sociales desde el 1 de agosto de 2019 de los que se dicen llamar el cartel de Sinaloa, supuestamente de origen mexicano, donde amenazan a la guardia indígena, a quienes portan logos, banderas del CRIC, a gobernadores y advierten masacres’, apuntó en un comunicado divulgado en su sitio web.
Seguimos rechazando y condenando toda forma de acción violenta, armada que afecte nuestros principios de unidad, tierra, cultura y autonomía, que son la base de nuestra resistencia, afirmó.
Asimismo, instó ‘a las altas cortes internacionales a pronunciarse y hacer el seguimiento a las diferentes instancias de control, frente a la gravísima situación de violencia en contra de nuestros pueblos indígenas, en especial el Pueblo Nasa del norte del Cauca’.
También llamó a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, a la Misión de Verificación de la ONU, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, ‘en el marco de sus funciones y competencias vigilen y hagan control de la situación de agresión de las comunidades indígenas del Cauca y de la comunidad en general de nuestro querido país’.
Desde el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, afirmaron recientemente que ‘en Colombia hay una masacre sistemática de líderes sociales’.
En las comunidades indígenas lo estamos padeciendo, así como los campesinos, las comunidades afro, los sindicalistas, los que defiende el medio ambiente, el territorio, detallaron sus representantes.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que del 1 de enero de 2016 al 20 de julio de 2019, asesinaron en Colombia a 738 personas líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Desde que se suscribió en noviembre de 2016 el Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) hasta julio pasado, han sido ultimados 627, puntualizó.
En ese mismo periodo fueron asesinados 138 excombatientes en proceso de reincorporación y 36 de sus familiares, informó Indepaz.
