Nuevas pruebas evidencian trama de corrupción en oposición venezolana

Prensa Latina
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Caracas, 24 jun.— Nuevas pruebas divulgadas hoy por medios locales ponen en evidencia la trama de corrupción en las filas de la oposición venezolana con los fondos recaudados como supuesta ayuda humanitaria acopiados en Cúcuta, Colombia.

En una reciente entrevista, Rossana Barrera, una de las enviada por el autoproclamado mandatario, Juan Guaidó, para manejar esas finanzas en el vecino país, admitió que recibió miles de dólares por ese concepto, aunque minimizó el hecho al alegar que no eran ‘dineros públicos’ sino donaciones de empresarios.

La también integrante del partido Voluntad Popular fue designada junto a Kevin Rojas como albaceas de los recursos para la atención a desertores venezolanos que ingresaron a territorio colombiano y señalados por desviar fondos bajo su custodia e inflar cifras de los militares traidores para malgastarlos.

Barrera negó sin embargo vivir rodeada de lujos, como señaló una investigación de PanAm Post con datos proporcionados por la inteligencia de Bogotá.

Estas declaraciones a Blu Radio, publicadas además por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), desconocen una parte de la versión divulgada por medios de derecha y las pruebas presentadas por el ministro de Comunicación de Caracas, Jorge Rodríguez, a la vez que reabren el debate sobre el verdadero destino del capital.

‘Luego de la denuncia del Gobierno de Venezuela, de la OEA y un medio de EE.UU., Â’Rossana de CúcutaÂ’, enviada de Guaidó -junto con Kevin Rojas- confirma que recibió miles de dólares para la supuesta Â’ayuda humanitaria”, publicó la cuenta en Twitter de VTV.

De acuerdo con las evidencias mostradas por Rodríguez, la militante opositora fue identificada con ese sobrenombre en los mensajes telefónicos de Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó, detenido por sus vínculos con una célula terrorista.

Marrero instaba a Barrera a desviar altos montos para contratar sicarios provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela, con el compromiso de pagar entre 500 mil y 700 mil dólares diarios, según los diálogos divulgados.

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