San José, 19 nov.— La huelga general contra el plan fiscal entra hoy en la undécima semana en Costa Rica, cuando se espera la resolución del Tribunal de Apelaciones sobre la legalidad o no de la protesta en el sector educativo.
En la décima semana del paro general por tiempo indefinido contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, denominado combo fiscal por sus opositores, sobresalió el rechazo a la recusación presentada por la Procuraduría contra tres jueces que deben resolver la calificación de la huelga en el magisterio nacional.
Precisamente, los sindicatos del Ministerio de Educación Pública encabezan hoy el movimiento huelguístico, con siete de cada 10 afiliados en paro, mientras otras agrupaciones llegaron a acuerdos con sus patronos hace casi un mes para deponer la protesta.
De mantenerse el paro general hasta el miércoles 21, esta sería la protesta más prolongada de la historia de Costa Rica, destacó en su cuenta de la red social Twitter el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas.
Vargas recordó que la huelga bananera del Pacífico Sur en 1984 duró 72 días. ‘La huelga contra el combo fiscal llegará a esa cifra el próximo martes 20. Si pasa el miércoles 21, 73 días, superará a aquella en duración. ‘¿Sería la más larga de la historia patria?’, se pregunta el líder sindical, quien le pide a los historiadores que se pronuncien al respecto.
Los opositores al plan fiscal afirman que los impuestos y medidas de la iniciativa legal, impulsada por el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país, que aumentarán en 18 mil más si se aprueba la reforma.
El pasado 5 de octubre, los diputados sancionaron en el primero de dos debates el proyecto fiscal y de inmediato la presidenta del Congreso remitió el texto a diferentes entidades públicas para que dieran su parecer. El Poder Judicial respondió que la propuesta legal afectará sensiblemente el funcionamiento de los tribunales y demás instancias.
Al menos 10 legisladores para cada caso, presentaron recurso de apelación ante la Sala Constitucional (IV), cuyos magistrados tienen hasta el 26 de noviembre para emitir su fallo.
