La Habana, 5 oct.— Tras la implementación de su Resolución 54/ 2018, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) trabaja con mayor intencionalidad en la protección del consumidor mediante la regulación del mercado, la respuesta a quejas de la población y el acompañamiento a las instituciones que atienden a los clientes.
Yalina Garbey Rivera, funcionaria del Mincin, informó a la prensa que el organismo recibió hasta el 20 de septiembre 861 quejas, el 30 por ciento referidas a insatisfacciones con el comportamiento de servicios, así como de productos liberados y normados.
Precisó que el nivel de respuestas se ha elevado, y al cierre de la etapa alcanzaba el 80 por ciento.
Garbey Rivera valoró de insuficiente la cifra de reclamaciones en comparación con la cantidad de problemas existentes, y destacó que aunque no constituye un indicador del impacto real de la resolución, permite concluir que aumenta la confianza en las entidades estatales.
Esta es una oportunidad para demostrar que somos capaces de atender las insatisfacciones de la población, no solo dando respuestas a las puntuales, sino adoptando las medidas administrativas que reduzcan su ocurrencia, sentenció.
La funcionaria aseguró que el Mincin continúa acompañando a las instituciones, pues lo más importante a su juicio es que comprendan la importancia de no esperar a que se produzca la queja, sino detectar a tiempo las irregularidades y capacitar a los trabajadores.
No estamos satisfechos, pero sí notamos que ha habido un movimiento en función de garantizar las condiciones mínimas que exige la norma, dijo.
Sobre el acaparamiento y reventa de productos, un tema directamente vinculado con la protección al consumidor, la vicetitular Nancy Valdés Jiménez expresó que el ministerio “no se encuentra de manos cruzadas” y trabaja de conjunto con la Fiscalía General de la República.
Hay una voluntad política de proteger a la población a partir de contrarrestar acciones que son una indisciplina, y en algunos casos hechos delictivos, afirmó.
Regular el mercado es una función estatal -por precios y por cantidades-, y la política del país no es incrementar el valor de los recursos; por lo que la forma de resguardar a la población ante un desabastecimiento es limitar la cantidad de productos que se venda a cada cliente, explicó Valdés Jiménez.
En noviembre tendrá lugar el II Taller nacional de protección al consumidor, en el que se presentarán trabajos de la mayoría de las entidades de comercio inmersas en el tema, y al que estarán invitados los principales proveedores de los artículos que se comercializan en esta red de tiendas. (Jeniffer Rodríguez Martinto)
