Palma Soriano, Santiago de Cuba, 5 sep.— El debate sobre el Proyecto de Constitución entre consultores jurídicos palmeros es objetivo y profundo. Más de treintas propuesta se expusieron en el debate, en la mayoría de los títulos emitieron sus opiniones.
Bárbara Zulueta Benítez, una consultora de amplia experiencia se refirió al artículo 23 párrafo 99 que dice: “Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables por lo que no pueden ser trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas”
“En la constitución actual no existe una ley que hable y que proteja lo que tiene que ver con la libertad de religión” fue el criterio de Dailín Martí Sánchez y otra de sus colegas, propuso adicionar que la ley defina el procedimiento de atención a la población, para una uniformidad en todo el país en este tema que es tan importante en nuestro proyecto social.
Wilberto Vázquez Molina solicitó eliminar del párrafo 119, artículo 31 la palabra honor, porque considera que como se describe ahí qué es el trabajo constituye una aspiración y en nuestra realidad actual no hemos logrado que el trabajo sea realmente la fuente principal de ingresos que sustenta la realización de proyectos individuales.
De la misma manera se emitieron criterios de que era necesario que se eliminara la palabra digno cuando se refiere a trabajo digno y vivienda digna, porque ese término no define con claridad a qué se está refiriendo, que se deben describir los parámetros.
Tener un amplio conocimiento de la leyes permitió intervenciones muy objetivas como la de Reynier Garcés Prado, cuando dijo: “los que tratamos el derecho agrario en Cuba, sabemos que el valor de los bienes agropecuarios es ínfimo hoy por hoy en nuestro país, que está totalmente desfasado de la realidad cubana actual, de hecho considero que esto se debe tener en cuenta a la hora de aprobar las leyes complementarias que vendrían después de la Constitución”.
Un amplio debate generó entre consultores jurídicos el Proyecto de Constitución porque consideran de suma importancia que la Carta Magna que se apruebe por todo el pueblo sea de avanzada, con observancia a las principales tendencias del derecho internacional y su letra se apegue al contexto cubano actual.